NOTAS Y REFLEXIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

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Notas y reflexiones respecto del proyecto de ley de educación superior en Chile

La Educación es concebida como un derecho y un deber y no como un bien o servicio de consumo. Un derecho de carácter económico, social y cultural, en virtud del cual le permite a la persona humana desarrollar, potenciar y crear, en las distintas etapas de su vida, el máximo de sus posibilidades espirituales y materiales, con pleno respeto a los derechos de sus semejantes y la sociedad. Asimismo, es un deber para  el Estado y la Sociedad, por una parte, y la persona humana por la otra.

El Estado tiene el deber de promover, respetar y asegurar este derecho, lo cual se traduce entre otros aspectos, la obligación de implementar las condiciones  necesarias para cumplir con tal exigencia y de este modo contribuir a la creación de una sociedad democrática y participativa, en que las personas y ciudadanos contribuyen de manera consiente, libre e informada en la determinación de los destinos del país; en que la libertad de enseñanza es una garantía que gira en función al derecho a la educación.

No debe ser confundida la libertad de enseñanza con el derecho a la educación, pues, la primera tiene una naturaleza propia de libertad individual, que consiste en la posibilidad de crear, abrir, organizar y mantener establecimientos de educación, con pleno respeto a los derechos y garantías que la constitución y la ley establecen. En cambio, el derecho a la educación, es naturaleza económica, social y cultural, siendo el núcleo esencial en torno al cual gira la libertad de enseñanza. Tampoco debe confundirse con la libertad de cátedra, la cual se funda en el derecho que tiene el profesor o educador para trasmitir los objetivos y contenidos de los programas de estudios que se han aprobado.

En el marco expresado, la función educacional en un Estado Social, Democrático de Derecho, se traduce en una educación de calidad e igualdad en todos sus niveles, con pleno respeto a los principios de Autonomía, Participación, descentralización y separación de funciones, sin perjuicio de los controles y contrapesos que deriven de la responsabilidad del Estado y sus agentes. La Universidad Estatal chilena, como órgano del Estado, debería compartir y hacer propios los principios antes señalados y por lo mismo hacer presente y sensibilizar a la autoridad llamada a estudiar, aprobar y sancionar el Proyecto de Ley sobre Educación Superior, ingresado en julio de 2016, a fin de no perder de vista los principios que informan y sustentan al sistema democrático participativo de nuestra Sociedad Política.

Al efecto, el proyecto posee serias omisiones, contradicciones y errores técnicos, manteniendo la confusión respecto de la titularidad del derecho-deber. Los grupos intermedios que colaboran con la función y deber educacional del Estado, deben alinearse a las disposiciones y regulaciones de éste, porque éste último es el responsable final y titular del deber, independientemente de la procedencia de los recursos económicos involucrados. Así entendido, se justifica que el marco regulatorio que se propone, debiera ser igualitario tanto para los Establecimientos de Educación Superior del Estado como para los Particulares. Sin embargo, el Proyecto presentado mantiene las desigualdades de trato, propias del modelo neoliberal, limitando y anquilosando la funcionalidad del sector estatal frente a los intereses económicos del sector privado. En efecto, para los planteles privados la ley comenzaría a regir dentro de los dos años siguientes a la publicación de la misma, en cambio para las Universidades Estatales comienza a regir una vez publicada la ley; a las Universidades Privadas no se les hace exigibles los deberes de probidad ni transparencia como tampoco las inhabilidades e incompatibilidades que si se les exige a las Universidades Estatales; a las Instituciones privadas no se les aplica ni obliga la Ley de Compras, a pesar que ser colaboradores de la función pública y como tal, debieran ser considerados servicios públicos de naturaleza funcional. Del mismo modo, a pesar de recibir dineros públicos producto de la gratuidad y becas, no se encuentran sometidas al control y fiscalización de Contraloría General de la República. Sólo se encontrarían supervigiladas por una Superintendencia de Educación Superior, que entrará en vigencia en una época indefinida, pues  el Proyecto de ley plantea que “El Presidente de la República, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la ley, dictará, uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación que determinará, entre otros aspectos, la fecha en que entrará en funcionamiento la Superintendencia”. Cabe hacer presente que el antedicho Proyecto exige a las Universidades Estatales, además del control de Contraloría General, la fiscalización de la Superintendencia antedicha. Como vemos de los ejemplos planteados, no se cumple el principio de igualdad que debiera funcionar, manteniendo la lógica de mercado favoreciendo la gestión de los privados. No se trata de proponer la eliminación de controles para las Universidades del Estado, sino por el contrario, que estos mismos se extiendan a los planteles privados, de modo de asegurar transparencia y probidad a todo el Sistema de Educación Superior.

En cuanto a la Democracia, participación, descentralización y separación de funciones, el proyecto de Ley también produce incongruencias e inequidades, pues respecto a las Instituciones Privadas, no existe injerencia alguna del Gobierno de Turno en la administración y gestión del Gobierno Universitario, en cambio respecto de las Entidades Públicas la injerencia de la política contingente aplicando los intereses del Gobierno de Turno es mayor o peor que las leyes aprobadas en el Régimen de Facto. Por ejemplo, los miembros de la Junta Directiva – léase Consejo Directivo- de tres pasan a cuatro representantes del Presidente de la República, pudiendo remover al Rector Electo, con sólo cinco votos. El artículo 151, probablemente uno de los más trascendentes en materia de Educación Superior Estatal establece “El Consejo Directivo será la máxima autoridad colegiada resolutiva, cuya función principal será velar por los intereses y por el cumplimiento de los fines de la universidad, preservar su patrimonio y vincular su quehacer con las políticas nacionales y regionales, así como promover que la universidad contribuya al desarrollo del país”. Grave, tomando en cuenta la integración del referido órgano. Es más, el proyecto de ley elimina la composición tripartita de la Junta Directiva pues deja fuera los representantes del mundo de la cultura. Con ello, se debilita ciertamente la naturaleza pública del Consejo Superior pues ahora estaría integrado sólo por funcionarios del Gobierno de Turno y por funcionarios de la Universidad, sin que exista una ventana, un nexo que lo comunique con los fines que persigue la representación plural de los intereses comunes públicos, en el sentido republicano de nuestra democracia.

Así mismo, otro órgano para la Educación Superior Estatal será el Consejo Normativo, establecido en el artículo 154 del Proyecto. Su principal función será la regulación de las materias relativas al desarrollo de las funciones propias de la universidad, en particular aquellas académicas, así como también elaborar y proponer al Rector o Rectora el plan de desarrollo institucional. Su integración estará compuesta por 2/3 del estamento académico y 1/3 los demás estamentos. De éste órgano saldrán dos miembros que integrarán el Consejo Directivo. Es decir, la participación de los estamentos administrativo y estudiantil, se reducirá sólo a 1/3 para ambos, en el mejor de los casos.

En materia de estatutos, también se vulnera el principio de participación, pues la elección del Rector, se realizará de conformidad a la ley 19.305. Es decir será un académico/a, elegido por las tres más altas jerarquías. Es decir el Rector o Rectora deberá ser académico y elegido por los académicos manteniendo una lógica proteccionista de este estamento frente al resto. Es como si un padre o madre tuviera tres hijos, pero hay uno que tiene la mayor protección y privilegios, pues es el que concurre con su voluntad para elegirlo. Se olvida que los otros hijos también lo son y pertenecen a la comunidad Universitaria y les afectan las decisiones que se adopten. No queremos decir con esto, que el estamento académico no sea importante, claro que lo es y puede considerarse el núcleo del quehacer universitario y se justifique una mayor ponderación de su voto, pero no es el único.

La generación de los nuevos Estatutos para las Universidades Estatales, se restringe sólo a aspectos muy acotados. En efecto, la participación triestamental de las Instituciones de Educación Superior, a propósito de la modificación de los estatutos, se ve afectada, pues éstos sólo podrían trabajar sobre la adecuación necesaria de estos a las normas obligatorias de Gobierno Institucional, que se establecen en el párrafo 2° de su título VI. Claramente en este capítulo no se encuentra la posibilidad de elegir al Rector.

En cuanto al Principio de respeto de la Autonomía Universitaria, especialmente la económica, este se ve transgredido, pues bajo el pretexto de la gratuidad, se imponen normas de financiamiento para privados, eliminando progresivamente el Aporte Fiscal Directo, reemplazándolo por Convenios Marcos de Financiamiento Institucional fiscalizados por la Subsecretaria de Educación Superior, admitiéndose a concurso de estos fondos tanto a Universidades del CRUCH como Universidades que no pertenecen a éste. Asimismo, se regularán aranceles por parte del Gobierno de Turno, a través de una Comisión de expertos.

En conclusión, se esgrime la hipótesis de la igualdad para financiar a Planteles Privadosrestando el financiamiento de las Entidades de Educación Superior Estatales, pero para otros aspectos, como el control y régimen jurídico aplicable, como se ha expresado precedentemente, se mantiene las políticas de diferenciación o desigualdad fundada en el origen de los recursos.

Lo anterior, nos lleva a pensar que el actual Proyecto de Ley sometido a conocimiento y aprobación en el Poder Legislativo, mantiene las lógicas del sistema Neoliberal exacerbado, morigerado por algunos aspectos,  pero afectando seriamente la subsistencia de los Planteles de Educación Superior Estatales hacia futuro.

 

Documento Elaborado por Osvaldo Garay O., abogado, Magíster en Derecho de la Universidad de Chile, actual Contralor Interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

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